De acuerdo a la impulsora de la ordenanza, concejal Natalia Giménez, la intención de la medida es “institucionalizar a nivel comunal el recorrido por los ex centros clandestinos de tortura y desaparición, con el objetivo de que los jóvenes de las escuelas secundarias de nuestra ciudad puedan recorrer este circuito y reflexionar sobre los procesos históricos que conforman parte de nuestro pasado reciente y nuestra identidad colectiva; ya que la Memoria, Verdad y Justicia son las herramientas para consolidarnos como sociedad y no repetir la historia.”
La ordenanza es aprobada en el marco de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual establece la aplicación del beneficio de reducción de la pena conocido como “2×1” a un condenado por crímenes de lesa humanidad. Al respecto, la concejal Giménez señaló que la medida significa “un retroceso en materia de Derechos Humanos, ya que va en contra de procesos de lucha impulsados por organismos que hace más de 30 años reclaman Justicia ante lo sucedido en una de las etapas más cruentas de nuestra historia reciente.”
Antecedentes
La normativa municipal tiene sus antecedentes en la ley nacional 26.691 de “Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado”, y las leyes provinciales IV Nro 36 y Ley de la Memoria; las cuales establecen el derecho inalienable que poseen los ciudadanos para conocer acerca de la desaparición forzada de personas, muertes, sustracción de menores y toda violación de los derechos humanos durante la etapa de dictadura cívico militar comprendida entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.